Caso ventiladores IMSS- Hidalgo… ¿Corrupción y nepotismo?

Sin Permiso
Líderes de Opinión

Es compromiso presidencial, erradicar la corrupción y la impunidad.

Hoy, es oportuno enviar un mensaje a la ciudadanía al respecto, pero para ello se requiere voluntad política. Hoy la corrupción se ha convertido, según INEGI, en el problema más importante de nuestro país, tan solo después de la delincuencia organizada.

Representan un problema social, institucional, político y económico; dicho en otras palabras, son un verdadero cáncer.

Casos de corrupción, impunidad y conflictos de intereses los ha habido, y muchos, como el de la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto, donde la propia Secretaría de la Función Pública ¡lo exoneró!

Tenemos los casos de exgobernadores como Javier Duarte, de Veracruz; Javier Duarte, de Chihuahua; Roberto Medina, de Nuevo León; Humberto Moreira, de Coahuila; Guillermo Padrés, de Chihuahua, por mencionar algunos.

Hoy el caso IMSS Hidalgo, debiera ser un ejemplo para los muchos corruptos e impunes que aún hay por ahí, en cualquier rincón de nuestro país.

La historia del caso mencionado en líneas antecedentes es la siguiente:
todo se originó con la publicación que hiciera la Asociación Civil “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), vinculada con el contrato asignado mediante la modalidad de adjudicación directa al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al proveedor Cyber Robotics Solutions, de la cual resultó propietario el hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad, León Manuel Bartlett Álvarez.

El objeto del contrato fue la compra de “Equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes que tienen comprometida la función respiratoria”.

El problema surgió cuando la investigación de MCCI arrojó que el monto ofertado por 20 ventiladores se cotizaba en 31 millones de pesos, resultando el precio unitario de cada ventilador en 1.5 millones de pesos.

Efectuando una comparativa de este contrato con otro adjudicado casi al mismo tiempo por el mismo IMSS Hidalgo de características similares, pero con un precio de 800 mil pesos, determinó que no era un precio razonable, ni competitivo.

La Secretaría de la Función Pública tuvo que intervenir, era obligado.

demás, es parte de su función.

Se presentaron para la adjudicación de este contrato una serie de irregularidades e incumplimientos a lo que dictan las leyes vigentes en la materia.

Se incumplió por un lado lo preceptuado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo que reza:

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”

La Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 26, establece: «Deberá asegurarse para el Estado las mejores condiciones en cuanto a: precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética”, entre otros.

Sobre el particular, el área contratante del IMSS Hidalgo tiene mucho que decir.

Entre otras cosas, es inadmisible que al revisar la oferta de Cyber Robotics Solutions, el área contratante del no detectara que la cotización no cumplía con las características y especificaciones requeridas, y desde ese momento se hubiera rechazado la propuesta por incumplir los requisitos solicitados.

Fueron omisos.

Ahora bien, si el proveedor cumplió en el papel, pero incumplió con el equipo físicamente, está en falta. También se debió comparar el costo ofertado contra lo indicado en la investigación de mercado previamente realizada.

La Secretaría de la Función Pública determinó que el precio ofertado se considerara como no aceptable.

Se rescindió el contrato a la compañía Cyber Robotics Solutions.

Al encontrarse abierta una carpeta de investigación, se estaría a la espera de las probables sanciones a los responsables de este proceso adjudicatorio, sean de parte del proveedor o del comprador.

Que se aplique todo el peso de las leyes reglamentarias integradas al Sistema Nacional Anticorrupción: cárcel a los servidores públicos y contratistas que cometan tráfico de influencias, “moches” para obtención de favores, contratación ilegal de deuda, enriquecimiento inexplicable, etcétera.

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