De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el 2018, el 71.9 por ciento de la población en Querétaro está en situación de pobreza o vulnerabilidad; mientras que, un 52.7 carece de acceso a la seguridad social.
Estas cifras sirven de contexto para darnos cuenta de la realidad social del Estado de Querétaro.
Por lo anterior, las medidas anunciadas por el Gobernador Francisco Domínguez Servién para enfrentar la contingencia del Covid-19 en Querétaro no son adecuadas, ni suficientes para la necesidad real que enfrentamos en el estado.
El programa de “Querétaro Fuerte” se queda muy corto, ya que únicamente contempla 60 mil beneficiados con un apoyo único de cuatro mil pesos y una inversión de 240 millones de pesos.
Por otro lado, los 250 mil apoyos alimentarios a través de despensas, parece más una campaña electoral, que una acción de respuesta ante la contingencia.
Ante esta situación, el Partido del Trabajo (PT) presentó quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) en contra del gobernador Francisco Domínguez, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero y la Legislatura del Estado, entre otros funcionarios públicos
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Esto debido a que, por sus omisiones y actos injustos en contra de los ciudadanos en esta pandemia, se están violando sistemáticamente los derechos humanos de los queretanos, en particular el derecho a la alimentación, al no emprender políticas públicas suficientes ante la contingencia que estamos pasando.
Por ello, Adolfo Uscanga García y Penélope Ramírez Manríquez, integrantes de órgano de dirección estatal del PT en Querétaro, presentaron varias quejas y se solicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos investigue los actos y omisiones de estos funcionarios de la administración pública Estatal, a quienes se les exige la creación y presentación de un Plan Rector que contenga una estrategia Estatal de corto, mediano y largo plazo, para afrontar esta contingencia y que cumpla con el respeto a los derechos humanos de los queretanos.
Urge destinar los recursos suficientes para atender en forma integral y expedita a toda la población vulnerable, exigiendo a la Legislatura deje su pasividad y cumpla con su tarea de legislar redistribuir el presupuesto y atender esta contingencia de manera congruente con la necesidad que enfrenta la población.
Es preciso mencionar que para el 2020 el Presupuesto de Egresos del Estado contempla más de 40 mil 685 millones de pesos, de los cuales, una parte podría resignarse sin afectar esferas que también demanda la sociedad.
Por ejemplo, el presupuesto de la oficina de la Gubernatura y Comunicación Social de Gobierno del Estado suma la cantidad de 420 millones 786 mil 886 pesos, cantidad muy superior a la del total del programa “Querétaro Fuerte” presentado por el Gobernador.
Los efectos del confinamiento provocarán fuertes efectos económicos por la falta de ingreso en las familias y fluctuación de precios de la canasta básica, afectando a la población con mayor vulnerabilidad; por lo que los programas anunciados por el Gobernador no solucionan el problema, ya que la gran mayoría de estas personas no tienen acceso a dichos programas.
Agrava lo anterior el endurecimiento en algunos artículos del Código Penal en el estado, donde las sanciones son más severas, y esto no resuelve los efectos de la pandemia, ni de hambre, ni de seguridad de los queretanos.
La obligación constitucional de la autoridad, obliga a garantizar los derechos humanos de TODA la población, por lo que resulta violatorio el accionar del Gobernador, la Legislatura y el Presidente Municipal de Querétaro, dado que los programas que presentaron son ineficaces, parciales y de poco acceso a la población.
Es claro que no existe una política adecuada por parte del poder Ejecutivo y Legislativo del Gobierno del Estado de Querétaro, quien no está observando las consecuencias que puede llevar esta crisis pandémica y, ante esta omisión, están violentando la integridad de todos los queretanos.
Es preciso que la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro genere las recomendaciones en los términos establecidos por la Ley, pero es más urgente que las autoridades asuman su responsabilidad con visión de Estado.