- El concepto de pago, no se apegó a la Ley, recibiendo una suma más elevada de la que le correspondía
En el municipio de Jalpan de Serra, se dio a conocer hace algunas semanas la reinstalación de Eduardo Amador Enríquez, como empleado del Ayuntamiento, adscrito a la Dirección de Turismo Municipal
Luego de un largo proceso laboral, iniciado por despido injustificado por la anterior administración, hay señalamientos ante un posible quebranto al erario público, por haber recibido una cantidad de dinero que no corresponde a lo que marca la Ley.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a los trabajadores del estado, el empleado tiene derecho sólo a un año de salarios caídos, así como al pago proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, con la salvedad que la restitución del trabajo derivó de la firma de un convenio, como fue en este caso, se toma únicamente el 50 por ciento del salario y prestaciones.
Sin embargo, Eduardo Amador, recibió una cantidad incluso mayor al primer caso de referencia.
Aunado a lo anterior, se señala la posible existencia de tráfico de influencias, debido a que su abogado defensor, es Fernando Tapia, socio del también abogado Omar Ángeles Vega, cuñado de la presidenta municipal, Celia Amador Enríquez y todo el proceso representa violaciones a a la ley, que se puede traducirse, incluso, en denuncias penales.
Para esta operación el municipio erogó una cantidad superior a los 400 mil pesos, libre de impuestos, pagando salarios y aguinaldo desde 2015 a la fecha, además de la reinstalación del trabajador.
Esto generó señalamientos emitidos por los regidores Fidencio Resendiz, Jesús Velazquez y Gabriela Sánchez Salazar, primero como un quebranto al erario público y en segundo por la posible comisión del delito de tráfico de influencias en perjuicio de las arcas municipales.
En caso de que se comprueben estas supuestas violaciones a la Ley, los regidores deben dar por obligación, parte a la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) y a la Fiscalía del Estado (FGE), para que investigue las causas por las que esta administración municipal que preside Celia Amador Enríquez, accedió y bajo que conceptos a liquidar a Eduardo Amador, (su hermano), además de restituirle su trabajo.
En caso que los regidores que fueron los primeros en señalar estas irregularidades, no dieran vista a las autoridades correspondientes, caerían en omisión y tendrían responsabilidad jurídica al ser integrantes del máximo órgano municipal, o sea, el Cabildo.
