Con la finalidad de se incluya y considere la perspectiva de género en la impartición de justicia, la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos aprobó el dictamen de la Iniciativa de Ley que adiciona un artículo 9 bis a la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado.
Dicha iniciativa considera importante que en el Poder Judicial se integre en los proyectos de planeación la paridad, así como procurar utilizar y promover la utilización del lenguaje con perspectiva de género; además de investigaciones sobre el impacto de género en el acceso a la justicia, también incorporar la perspectiva de género en los programas de formación de las escuelas judiciales.
En otro punto del orden del día, las diputadas Beatriz Marmolejo Rojas, Martha Daniela Salgado Márquez y Paloma Arce Islas, aprobaron el Proyecto de dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona varias disposiciones de la Ley Industrial del Estado de Querétaro, con el fin de promover la igualdad de genero en los centros de trabajo.
La diputada Abigail Arredondo Ramos, autora de la iniciativa, consideró importante la aprobación de esta ley en el marco del mes en el que busca eliminar la violencia contra la mujer, “que lejos de ir disminuyendo, ha ido en aumento, por lo que con este tipo de iniciativas, se genera que haya un piso mucho más parejo, y en esta ley hoy no se toca el tema de igualdad salarial y de prestaciones laborales que son las bases mínimas”.
Además, precisó que “las mujeres somos las que más concluimos con la educación superior, con más carreras y mejores promedios, además con más títulos de maestrías y doctorados; pero, cuando volteas a ver los cargos de primera línea o los cargos de decisiones el porcentaje de mujeres es mínimo”, motivo por el cual, se están impulsando este tipo de iniciativas.
Asimismo, se aprobó el Punto de Acuerdo por el que se emite un exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, a fin de que realice de manera urgente las acciones necesarias para atender de inmediato el problema de violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos, independientemente de la condición migratoria en que se encuentran.
En este sentido, la diputada Paloma Arce Islas precisó que desde las primeras denuncias de organizaciones civiles, en septiembre pasado, el gobierno mexicano exigió a Washington aclarar los abusos y aseguró que su red consular analizaba presuntos abusos de derechos humanos en Atlanta y El Paso, Texas, manifestando un rechazo absoluto a los derechos humanos de los connacionales en el exterior y reiteró su compromiso para la protección de estos.