Contrario a lo que se ha propagado en algunos medios de comunicación y redes sociales, la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Agua para el estado de Querétaro, ingresada el 7 de mayo de este año por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, encabezada por María Estela Ríos González, sigue su cauce jurídico en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se turnó el 9 de mayo y fue asignada la cuenta a la magistrada Ana Margarita Ríos Farjat, quien siguen los análisis y estudios de la ley que legaliza, de acuerdo con la acción de inconstitucionalidad, la privatización del vital líquido y limitar a 50 litros por persona en caso de adeudo.
Con el folio 102/2024, se da cauce en trámite de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad, que consta que el 10 de junio de este año se da vista al oficio y anexos para promover la acción de inconstitucionalidad a «La Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillados y Saneamiento del Estado de Querétaro», principalmente en la limitación el servicio de suministro de agua potable y drenaje…, cuando exista adeudos de dos o más meses consecutivos.
El documento en poder de Sin Permiso, da cuenta la admisión del trámite de la acción de inconstitucionalidad, cosa contraria a lo que se propagó en varios medios y en redes sociales, cuando lo que hoy los magistrados rechazaron fue un amparo ingresado por Bernardo Romero sobre los macromedidores; nada que ver con la acción de inconstitucionalidad.
En otras palabras, sigue su cause jurídico en la SCJN, para declarar inconstitucional la controvertida Ley de Aguas.