Nada casual es que en las encuestas los alcaldes y gobernadores salidos de las filas del partido Morena sean los peores calificados por sus gobernados. El tiempo se les ha ido en confrontaciones, justificaciones y malos resultados. De acuerdo con todas las encuestadoras como Arias Consultores y Mitofski, los ubican en los últimos lugares de aceptación. En una evaluación publicada el 20 de septiembre por esta última encuestadora, llamada “100 alcaldes de México”, los resultados arrojan que el promedio de aprobación fue de 44.3% y sólo tres alcaldes obtuvieron aprobación superior al 70%.
De los 100 alcaldes, 30 se ubican con aprobación sobresaliente, mayor al 50%, 22 alcaldes con aprobación alta, mayor a 40%, 29 con aprobación media, mayor a 30%, 14 con aprobación baja, hasta 20% y dos cierran la lista con la peor evaluación. La mejor aprobación la obtuvieron los alcaldes del PRI y el PAN, arriba del 48.9%, Movimiento Ciudadano con 47.7%, los munícipes independientes con aprobación promedio de 43.3%, el PRD con 39% y a la cola quedaron los alcaldes de Morena con 38% o menos.
La evaluación de los gobernadores no varía mucho. Tres se ubican con aprobación sobresaliente entre 70% y 62% y con excepción de Claudia Sheimbaum de la Ciudad de México y Jaime Bonilla de Baja California, los otros cinco gobernadores morenistas son mayoritariamente rechazados por la población de sus estados: Cuitláhuac García de Veracruz, Miguel Barbosa de Puebla y Cuautéhmoc Blanco de Morelos, los peores.
En Veracruz los principales problemas son la inseguridad, el coronavirus y la crisis económica, explicable porque los funcionarios son los menos preparados académica y políticamente, pues con el fin de tener el poder de los estados y municipios, propusieron quién ganara, no quien atendiera y resolviera los problemas. Por eso los resultados de las encuestas los ubican en segundo o tercer lugar de las preferencias electorales.
Los funcionarios de Morena son los más marrulleros, perversos y mafiosos, apenas a tono con sus superiores. El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no resuelve las necesidades elementales de la población veracruzana. La situación es complicada; se han multiplicado los robos con violencia en casa habitación, transeúntes y negocios, con decenas de secuestros y ejecuciones.
No hay inversión pública ni privada con un estancamiento económico e importante caída en la producción. El campo está abandonado, consecuencia del recorte de 40% del presupuesto destinado a este sector; el mal manejo de la pandemia por Covid-19 por no tomar las medidas preventivas ha provocando más de 88 mil muertos en el país y casi 5 mil en el estado, motivo de orgullo de López Gatell y el presidente López Obrador quienes consideran que “vamos mejorando y no hay situación de alarma”.
El gobierno estatal ha eliminado de facto los derechos de organización y petición violando la Constitución Política con maniobras para criminalizar a las organizaciones sociales acusándolas de corruptas, utilizando la represión administrativa, policiaca y campañas negras a través de algunos medios de comunicación, y el uso de sicarios contra quienes no se someten a él.
Eso explica las constantes amenazas de grupos armados en varias regiones, particularmente en el municipio de Tantoyuca, del norte del estado, como consta en videos, concluyendo con el secuestro de cuatro integrantes del Movimiento Antorchista, el jueves 8 de octubre, a quienes mantuvieron más de 48 horas bajo terrible tortura física y psicológica, afortunadamente liberados ante la presión del antorchismo veracruzano y nacional.
Llama la atención que ante lo que pareciera una acción común del crimen organizado, ante la denuncia, el gobernador Cuitláhuac García, acompañado del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros y la Fiscal del Estado, Verónica Hernández, realizó una conferencia de prensa en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno para acusar sin una sola prueba a los antorchistas secuestrados, de pertenecer a un grupo delictivo.
Sin embargo, como les consta a las muchas decenas de miles de antochistas veracruzanos, los secuestrados son jóvenes humildes, honrados y trabajadores, cuyo único delito es haber dedicado la mayor parte de su vida a trabajar por la reivindicación de los sectores humildes del estado. Así, el gobernador y sus funcionarios, de no ser secuestro de estado, se evidencian por su bajeza y falta de escrúpulos al calumniar sin pruebas a quienes han sido las víctimas.
