Según información publicada en los medios de comunicación en noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuya función es cobrar los impuestos de personas físicas y morales de México, denunció que no todos los contribuyentes están al corriente con este organismo; muchos mantienen adeudos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que por primera vez suman poco más de un billón de pesos.
Entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, los pagos pendientes de los corporativos y empresas transnacionales que operan en el país pasaron de 186 mil millones de pesos a un billón 88 mil millones; es decir, la deuda se multiplicó enormemente durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con una filtración de los llamados “Papeles de Pandora”, sobre la riqueza oculta, evasión fiscal y lavado de dinero, obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas y dada a conocer por el periódico español El País y el Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística A.C., Quinto Elemento Lab, en México hay más de tres mil grandes ricos —entre ellos políticos, empresarios, celebridades y religiosos— que ocultan y evaden impuestos, llevando sus fortunas a sociedades secretas conocidas como “paraísos fiscales”.
Entre los políticos destacan, entre otros: Julio Scherer, exconsejero de la Presidencia de la República en el gobierno de López Obrador; Armando Guadiana, senador por Morena; y Jorge Arganis, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, también en el gobierno de López Obrador, además de familiares directos de los exgobernadores Manuel Bartlett, Arturo Montiel, Francisco Labastida y Alfredo del Mazo.
En la lista de empresarios evasores también aparecen: Germán Larrea, director del Grupo México; Alberto Bailléres, director de Peñoles y El Palacio de Hierro; Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca; las familias Vázquez Raña y Alvidrez, del Grupo Empresarial Ángeles; Armando Hinojosa, dedicado a la construcción, entre muchos otros. En la categoría religiosa, aparece el nombre de Luis Garza Medina, exvicario de los Legionarios de Cristo, entre otros.
Ante la falta de 1.5 billones de pesos para seguir repartiendo tarjetas con claro objetivo electoral, la 4T, en lugar de obligar a los políticos y grandes empresarios a cumplir con sus obligaciones fiscales, promovió —a través de los diputados de Morena, PT y Partido Verde— la aprobación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 2026. Con el pretexto de ser un “ajuste” y, según ellos, preocupadísimos por la salud de los mexicanos, a pesar de la muerte de miles de niños y mujeres enfermos de cáncer, diabetes e hipertensión por falta de atención y medicamentos, acordaron un “impuesto saludable” que les aportará 761 mil millones de pesos, afectando como siempre a los mexicanos más desfavorecidos.
Dicho impuesto se aplicará a los refrescos y bebidas con edulcorantes naturales o artificiales, incluso a las no calóricas, como las versiones light, cero o dietéticas, que anteriormente no estaban gravadas. Se encarecerán los cigarros, con un impuesto de hasta 200 %, además del acceso a espacios culturales, museos y zonas arqueológicas.
Los nuevos impuestos alcanzarán también a los videojuegos, las ventas a través de plataformas digitales, las casas de apuestas en línea, los permisos por un año para residentes, la certificación con vuelos de inspección, el cobro en aeródromos, los certificados de aeronavegabilidad, los puros y otros productos de tabaco, las inspecciones a entidades financieras, las salidas de menores al extranjero, los permisos de ingreso para turistas, y un infinito etcétera de productos y servicios inimaginables.
Si quienes llegaron al gobierno con su bandera demagógica de combatir la corrupción no hicieran lo contrario, tan solo le cobrara a los grandes capitalistas deudores y combatieran el tráfico de huachicol fiscal, que nos cuesta a los mexicanos trabajadores y honrados 600 mil millones de pesos, sería suficiente para no sangrar más al pueblo de México, y de paso nos ahorraríamos 1.47 billones de pesos de deuda pública, que los legisladores morenistas acaban de autorizar. Con ello, en tan solo siete años de gobiernos corruptos, la deuda pasaría de 10.4 billones de pesos en 2018 a 20.3 billones de pesos en 2025.
¿Desde cuándo el gobierno se preocupa por la salud de los mexicanos? Muy caras resultan las tarjetitas del Bienestar para el pueblo de México.