El asilamiento generado por la panedmia de COVID-19 puede traer un mayor número de casos de violencia familiar y sexual, así lo afirmó en entrevista para Notimex, el director en México del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez Cruz.
“Es muy importante que no perdamos de vista la otra epidemia, que es la violencia, la cual ha estado por 13 años y va a seguir aquí después de que se vaya el COVID-19, por eso hay que atenderla porque está cobrando vidas también y mucho sufrimiento”, comentó.
Además, agregó que uno de los problemas económicos que traerá esta situación es el desempleo, el cual podría ser aprovechado por el crimen organizado para reclutar a jóvenes y personas sin trabajo, lo que propiciaría a que continuará la violencia en el país.
Lo anterior en base a que del 2015 al 2019, los homicidios con armas de fuego se incrementaron en un 124 por ciento; tan solo el año pasado, de los más de 35 mil asesinatos registrados a nivel nacional, al menos 24 mil 500 se cometieron con estos artefactos.
Juárez Cruz explicó que el aumento de los homicidios en los últimos años, estaría relacionado con la gran cantidad de armas legales e ilegales que circulan por el país.
“Estudios internacionales han llegado a determinar que cuando hay más armas disponibles en una sociedad, hay más violencia y homicidios; en México, el 70 por ciento de los homicidios se cometen con un arma de fuego”, dijo.
De acuerdo a datos del Índice de Paz México 2020, elaborado por el organismo antes mencionado, la violencia con armas de fuego ha crecido a la par de la delincuencia organizada, la cual encabeza tiroteos por la pelea del territorio donde se ha perdido un número considerable de vida humanas.
Asimismo, la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el tráfico ilegal y venta de estos artefactos provenientes principalmente de Estados Unidos, Nicaragua y América del Sur, han coadyuvado al incremento de la violencia con armas de fuego.
“A nivel nacional, la tasa de homicidios con arma de fuego se deterioró 0.8 por ciento en 2019, lo que significó una considerable desaceleración de la tasa de deterioro en comparación con años anteriores. Quintana Roo registró el mayor deterioro en homicidios cometidos con arma de fuego”, refirió el estudio.
A la par de la violencia con armas de fuego, la impunidad y la corrupción juegan también un papel importante en el aumento de los homicidios en los últimos cinco años, pues de 2015 a 2019 estos se han incrementado en un 86 por ciento.
A pesar de que el año pasado se reportó un crecimiento de apenas 1.4 por ciento en los asesinatos, un número menor al 15.7 por ciento registrado en 2018, el 2019 tuvo más de 35 mil muertes violentas.
“Estos 35 mil casos significan una tasa de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes; el promedio mundial para un país es de cuatro por cada 100 mil, estamos siete veces arriba.
“Además, la tercera parte de los homicidios del mundo suceden en cinco países, y son latinoamericanos: Brasil, Colombia, Guatemala, Venezuela y México, y en estos tiene que ver con el crimen organizado”, apuntó Juárez Cruz.
El también maestro en Políticas Públicas para el Desarrollo Internacional por la Universidad de Duke, en Estados unidos, señaló que el homicidio es la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 44 años de edad y la cuarta más frecuente en el grupo de cinco a 14 años de edad.
Por su parte, el Índice de Paz México 2020 sostiene que las entidades con más asesinatos en 2019 fueron Colima con 96.6 homicidios por cada 100 mil habitantes; Baja California con 81.76 y Chihuahua con 69.48 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
Mientras que solo dos estados registraron tasas de homicidios bajas: Yucatán con 1.6 asesinatos por cada 100 mil habitantes y Aguascalientes con 7.6, cifra que, no obstante, representa un incremento del 147 por ciento en los últimos cinco años.
Junto a las muertes violentas, el incremento del 24.3 por ciento en los crímenes de la delincuencia organizada, que según el documento se conforma por 42 grupos y sus subgrupos, contribuyó a que México tuviera un retroceso en su nivel de paz del 4.3 por ciento en 2019.
Este último dato significa que 23 de las 32 entidades federativas mostraron caídas en sus niveles de paz, mientras que solo nueve mejoraron.
Además, el impacto económico nacional de la violencia fue de 4.57 billones de pesos en 2019, lo que equivale al 21.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Ante esto, el director en México del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez Cruz, llamó al gobierno federal a aumentar el gasto en seguridad interna y el sistema judicial, pues el país solo destinó el año pasado el 0.7 por ciento de su PIB a estos rubros.
Esta cantidad, mencionó, representa el menor número de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues incluso países como Guatemala y Perú destinan el 1.5 por ciento de su PIB.