En rueda de prensa, acompañado por el legislador federal Luis Humberto Fernández y de sus pares, Sully Mauricio Sixtos, Homero Barrera y Sinuhé Piedragil, el diputado Ulises Gómez de la Rosa informó que la comunidad de La Palma, municipio de Querétaro, ha obtenido resolución a su favor dentro del juicio de amparo indirecto 117/2025, que había sido interpuesta contra el gobernador del Estado de Querétaro, la Comisión Estatal de Aguas (CEA), diversos funcionarios públicos y la LXI Legislatura del Estado.
La resolución de suspensión definitiva garantiza el derecho humano al agua potable de los habitantes de esta comunidad, se debe al trabajo jurídico que realizó Ulises Gómez de la Rosa, quien ha sido un defensor incansable de los derechos fundamentales de los ciudadanos de La Palma.
El juicio de amparo fue interpuesto debido a varias omisiones por parte de las autoridades responsables, las cuales afectan directamente el suministro de agua potable a la comunidad:
- La falta de asignación de recursos para la construcción de una red hídrica y tomas de agua, lo que ha generado serios problemas en el abastecimiento de agua potable.
- La omisión de incluir y gestionar los recursos necesarios en el presupuesto de egresos 2025 del Estado de Querétaro.
- La falta de planeación estratégica, establecimiento de enlaces institucionales y realización de proyectos de infraestructura relacionados con la red hídrica.
- La omisión en la distribución, administración y suministro del agua potable a la comunidad.
El Tribunal, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución y la Ley de Amparo, concedió la suspensión provisional y, posteriormente, definitiva de los actos reclamados, con efectos restitutorios, basados en la afectación de los derechos humanos, especialmente el derecho al agua potable, la salud y la vida, ordenó la instalación inmediata de un sistema de abastecimiento que garantice el suministro de agua en la comunidad.
Además, se logró que se ordenara la instalación de un tanque nodriza elevado, conectado a una cisterna de reserva con bomba hidroneumática, que asegurará el abastecimiento constante y permanente de agua potable, mientras se lleva a cabo la construcción de la red hídrica y alcantarillado de manera definitiva.
A pesar de que tanto el gobernador Mauricio Kuri González, como el edil de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, negaron los actos reclamados, las autoridades no presentaron pruebas suficientes para demostrar que la comunidad de La Palma contaba con los servicios de agua potable necesarios. De hecho, el alcalde señaló que la responsabilidad de suministrar agua recaía en la CEA; sin embargo, el Tribunal, citando la Ley que Regula la Prestación de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, indicó que dicha responsabilidad corresponde principalmente a los municipios. Además, la LXI Legislatura, a través de su Departamento Jurídico, omitió rendir su informe, lo que resultó en que el Tribunal aceptara los actos reclamados como ciertos.
El Diputado Ulises Gómez ha liderado el proceso jurídico de esta defensa del derecho fundamental de los habitantes de La Palma. Su compromiso con la comunidad ha sido fundamental para lograr esta resolución, que garantiza no solo el acceso al agua potable, sino también la protección de la salud, la vida y el bienestar de los ciudadanos.
Con la suspensión definitiva ya otorgada, se continuará trabajando para garantizar que las autoridades cumplan con la orden de instalar la red hídrica y las tomas de agua de forma permanente. El Diputado Gómez de la Rosa ha asegurado que seguirá luchando por los derechos de las comunidades que más lo necesiten, y continuará utilizando todos los recursos legales disponibles para asegurar que los derechos humanos esenciales sean respetados y cumplidos en Querétaro.