Los casos de sarampión se han disparado en los últimos años en todo el mundo, a pesar de que es una de las enfermedades más contagiosas y que puede provocar graves complicaciones como la neumonía, la diarrea intensa, la ceguera y la encefalitis (edema cerebral).
Tan sólo en los últimos cinco años han aparecido brotes en más de 100 países, donde viven aproximadamente el 75 por ciento de todos los niños y niñas del mundo. El problema está muy estudiado y se conoce perfectamente bien el remedio para detener esa propagación de manera segura y eficaz, a través de las vacunas, para evitar sus fatales consecuencias. El problema consiste en que hay una alarmante baja en la cobertura de inmunización.
En México, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud (SSA), del 1 de enero de 2025 al 20 de febrero de 2026 se han confirmado 10 mil 634 casos de sarampión. En lo que va de 2026 se han registrado poco más de tres mil 600 casos, cifra que equivale a más de la mitad de todos los casos registrados en el año anterior, mientras que van 31 muertes acumuladas por esta enfermedad, registradas en las entidades de Chihuahua, Jalisco, Sonora, Durango, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México y Chiapas.
Ante esta grave situación, cuando aún no nos reponemos de la mortandad provocada por el Covid-19, con más de 334 mil muertes, según datos oficiales, debido a la subestimación de la gravedad del virus por parte del gobierno, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, insiste en responsabilizar a los gobiernos pasados, desde el año 2000, por la baja cobertura en la segunda dosis de vacunación contra el sarampión, que ahora, en medio del brote, mantiene a los grupos posibles de contagio con niveles de inmunidad de apenas un 50 por ciento.
Repartió culpas a los gobiernos de Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Peña Nieto, pues a decir suyo, el sarampión se explica por la “falta de aplicación de la segunda dosis de refuerzo en años anteriores”, ya que, según un estudio publicado en la revista Vaccine, basado en los datos de seroprevalencia de la Ensanut, la probabilidad de brotes en adultos jóvenes responde directamente a la baja cobertura de segundas dosis en años pasados.
Zoé Robledo presumió también que en 2021, durante el primer gobierno de Morena, se implementó un nuevo esquema de vacunación que mantiene a los niños de entre cero y ocho años como los “más protegidos”. Sin embargo, las cifras de la propia SSA revelan lo contrario.
De entrada, como se ha revelado en un análisis del Programa de Vacunación E036, que busca contribuir a controlar, mitigar o erradicar algunas enfermedades infecciosas mediante la aplicación de la vacuna hexavalente acelular y la vacuna contra la influenza estacional, entre 2022 y 2025 se dejaron sin ejercer 44 mil 457 millones de pesos destinados a vacunación, confirmando un patrón sostenido de subejercicio, es decir, dinero etiquetado para vacunas, pero que no se gastó.
Mientras el gobierno federal continúa culpando a los gobiernos del pasado, en 2022 se aprobó un presupuesto superior a 30 mil millones de pesos, del cual se ejerció menos de una tercera parte; en 2023 la ejecución fue apenas una quinta parte de lo autorizado.
En 2024 nuevamente más de dos tercios del presupuesto quedaron sin aplicarse y, en total, durante el periodo 2022–2025, se dejó sin ejercer el 70.6% del total de los recursos aprobados para vacunación, con los que, a un costo de 128 pesos por cada vacuna, se pudieron adquirir más de 347 millones de dosis contra el sarampión.
En México, donde nacen un promedio de 1.7 millones de niñas y niños cada año, vacunar a todos los recién nacidos con una dosis costaría aproximadamente 250 millones de pesos anuales, lo que significa que el recurso no ejercido habría sido suficiente para cubrir esa necesidad durante muchos años.
Por todo esto, es evidente la gran irresponsabilidad de quienes tienen en sus manos la salud y el dinero de los mexicanos, quizá para embolsárselo o bien para repartirlo en forma de más tarjetas para hacer proselitismo político. ¡No se vale!