Líderes de Opinión
Sin Permiso
Los grandes inventos se han dado en épocas de guerra, quizá porque dicen que las grandes crisis más que retos representan verdaderas oportunidades de cambios, de mejora o bienestar de la ciudadanía.
Esto viene a colación porque tenemos enfrente una pandemia, así como que se viene de un nulo crecimiento económico en el 2019 y se tiene encima ya una gran crisis económica.
Los primeros efectos se están presentando, como lo demuestra la pérdida de más de un millón de empleos.
Es tiempo por parte del Gobierno Federal de revisar minuciosamente las fugas de recursos presupuestarios, que pudieran existir, así como los probables actos de corrupción, conflictos de interés o abusos de poder, amiguismo o compadrazgo. Nuestro país ya no puede continuar resistiendo este socavamiento.
Vinculado a lo anterior se revisaron los contratos vigentes relativos a la generación de electricidad a partir de aprovechar la energía del viento y la solar básicamente.
La electricidad es un energético que produce el hombre y que como producto final terminado no es posible almacenarlo, por ello es que su control requiere de aspectos importantes para tener controlado este sistema eléctrico de potencia.
Observemos el comportamiento contractual en electricidad desde la época que gobernaba Porfirio Díaz.
En el porfiriato se encuentra registrado que la electricidad era generada por dos consorcios extranjeros: American and Foreign Power Company y The Mexican Light and Power Company, ellos generaban en ese tiempo el 70 por cinto del fluido eléctrico de nuestro país.
A estas compañías el gobierno del presidente Adolfo López Mateos les adquirió sus acciones y fue nacionalizada la industria eléctrica en diciembre de 1960, estableciéndose en el artículo 27 Constitucional que en materia eléctrica: ”no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes naturales que se requieran para dichos fines”.
Fue en el sexenio Carlos Salinas de Gortari, en 1992 concretamente, cuando se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, abriéndose con ello el sector eléctrico a la privatización.
Y vinieron las falacias acostumbradas, contando para ello con los medios de comunicación de la época totalmente “a favor”, diciéndose que la industria eléctrica no se privatizaba, solo se modernizaría.
Eran tiempos previos a la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que dos años más tarde se aprobó. Lo anterior posibilitó la entrada de compañías transnacionales en muchas actividades del sector energía mexicano. Estaba en su apogeo el reinado neoliberal que había arrancado en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, con la llegada de los llamados “tecnócratas”, que eran jóvenes en su mayoría formados en universidades estadounidenses. También se dijo que: “se promovería mayor inversión, se mejoraría el servicio y se bajarían los costos”.
Y la ola privatizadora continuó. Al final de su sexenio, el Presidente Zedillo propuso reformar a los artículos 27 y 28 de la Constitución para privatizar la industria eléctrica. Asesorado por uno de los causantes del debilitamiento de la CFE, Luis Téllez Kuenzler, hoy empleado de esas empresas a las que benefició en su momento como funcionario del gobierno federal y hubo más personajes de este tipo.
Mientras tanto, cuando aún no se tenía aún la implementación e implantación estructural del mercado en que se desarrollaría la industria eléctrica, se estaba dando ya un proceso soterrado de integración y acumulación de inversión privada enfocadas básicamente hacia el rubro de las plantas generadoras. Es fácil deducir que las compañías privadas dispusieron de información privilegiada al respecto.
Hoy en día la plantas de generación privadas aportan aproximadamente el 50 por ciento de la energía eléctrica de nuestro país. ¡Que crecimiento tan rápido! ¿Y nuestra nación en que se ha beneficiado? Los recibos de luz no han bajado, por el contrario, se ha registrado en todo el país abusos en el cobro.
¿Y quién es el responsable de la estabilidad del sistema eléctrico de potencia? Atinó usted: la CFE. El sistema debe estar técnica y operativamente bien balanceado en todo momento, con lo cual se asegura el suministro estable y confiable en el suministro al cliente final, es decir, no debe haber interrupciones.
Esta es dentro de la estructura organizacional la función de una actividad muy importante denominada: Despacho Eléctrico; para dimensionar la importancia de esta actividad, es similar a la función de una torre de control en un aeropuerto.
El pastel había iniciado su repartición. ¿Quiénes fueron los actores principales?: funcionarios, desde presidentes de la República, secretarios de Estado, cabilderos de compañías privadas nacionales y extranjeras, Directores Generales en turno de la CFE, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y partidos políticos como PRI y PAN y partidos periféricos; además de filibusteros, contrabandistas y forajidos que impunemente actuaron. Suena fuerte, pero es la verdad. Explicaremos porqué y saque usted su propia conclusión.
Podríamos decir que la actividad depredadora hacia el sector eléctrico se cartelizó, pues todos se movieron con un solo fin, negociar y cada uno llevarse la gran tajada y su plaza de operación y la ciudadanía estuvo siempre desinformada y ausente.
Durante el sexenio de Vicente Fox, se llegó a denunciar la actuación del Director General de la CFE, en ese tiempo Elías Ayub, quien empezó a sub-utilizar la capacidad de generación de la CFE con él único afán de beneficiar a las compañías privadas, comprándoles toda su producción. Eso hizo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dependiente del Congreso de la Unión iniciara procedimientos de auditoría comprobándose lo denunciado, que esa subutilización fue claramente en favor de las cías. privadas y a costa no sólo de la CFE, sino directamente de los consumidores. La ASF como resultado de su revisión determinó que en el sexenio de Vicente Fox el resultado fue que se detectó un crecimiento del 143.9 por ciento de energía comprada a particulares y una disminución media anual del 4.3 en la que genera la CFE.
Por si no fuera suficiente la ASF descubrió que la CFE sobrestimaba la demanda nacional de energía eléctrica y compraba más electricidad, impactando los costos promedio de generación y encareciendo la energía eléctrica para los consumidores. Toda una actividad cartelizada.
La ASF estimó que tan solo a finales del sexenio de Felipe Calderón la CFE habría perdido por lo menos el 34 por ciento de la producción de energía y sus respectivos ingresos, en beneficio de corporativos como las españolas Unión Fenosa e Iberdrola, la japonesa Mitsubishi, la canadiense Transalta, el grupo francés EDF.
Al respecto, la ASF determinaba que lo anterior daría incertidumbre a las tarifas sobre todo de los pequeños consumidores.
Pero aún hubo más, la ASF realizó también auditorías a los llamados “permisos especiales” que alegremente entregaba la Comisión Reguladora de Energía (CRE); determinando que también había irregularidades por parte de los productores de electricidad privados. ¿Así o más clarito?
Por si quedara duda de la actuación del presidente en turno, Vicente Fox, quién pregona actualmente con desvergüenza que “solo come frijolitos”, presentó una apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la ASF, quién así nomás de “bote pronto” dictaminó que la ASF “había excedido sus facultades”, cerrando el caso. Que más se podía esperar, si LA SCJN era parte de esa hermandad.
Vinieron después las componendas, apoyándose en figuras jurídicas inexistentes como: permisos de “autoabastecimiento”, permisos de “autoabastecimiento remoto”.
Como consecuencia lógica, en la medida en que se fueron incrementando esas “simulaciones de permisos” para los privados, tanto CFE como Luz y Fuerza del Centro dejaron de percibir considerables ingresos por esos clientes que producirían su propia energía o la comprarían a las compañías privadas.
El golpe más fuerte y cuantioso fue para la CLYFC pues de los 772 permisos, 141 de autoabastecimiento y cogeneración se entregaron en sus áreas de influencia (Distrito Federal, el Estado de México, Hidalgo y Morelos) a corporativos que tienen un alto consumo de electricidad: Telmex, Wal Mart, Cinemex, Liverpool y Barcel, por solo mencionar algunos de los cientos de consorcios.
En consecuencia, la CLYFC dejó de percibir sus ingresos como proveedor de energía de esos consorcios. Con ello se preparaba el golpe mortal a la CLYFC y su cierre definitivo fue un verdadero golpe porril ordenado por Felipe Calderón y ejecutado en pandilla por el otro brazo de este cartel o sea la Policía Federal a cargo del mafioso Genaro García Luna. Desalojando de fea manera a los trabajadores.
¡Cuanta soberbia, cuanto abuso de autoridad, cuanta impunidad y ni ante quien poder ir a quejarse todos los trabajadores de la CLYFC!
La visión a corto plazo es fácil determinarla, la CFE se dedicará a atender el 50 por ciento de la demanda de nuestro país, ¡el otro 50 ya es de los privados!
Por lo tanto, el filón que representa la energía eléctrica para exportar hacia Estados Unidos, será solo para el sector privado, que al final es lo que quieren. La tendencia es adueñarse no tan solo del rubro de generación de la CFE, sino también de la transmisión, la distribución y, ¿por qué no?, hasta de la comercialización. O sea, todo el sector eléctrico del país. Eso es lo que está en juego.
Por qué no se consideraron las mejores prácticas internacionales vinculadas a la “no privatización” de la industria eléctrica, como la llevada a cabo en Noruega. Donde se dio entrada al capital privado considerando un sistema de concesiones no privatizadoras y CFE manteniendo el control total del sistema eléctrico.
Es decir, un enfoque sistémico, con múltiples sub-sistemas susceptibles de ser concesionados a quien ofreciera las mejores condiciones para el estado. Pero eso, no resultaba beneficioso para el cártel eléctrico.